Al fracasar este trámite, se alega que el exalcalde y su entonces secretario general, Fabio Andrés Trujillo, expidieron actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del terreno y permitir desarrollos urbanísticos prohibidos por el POT.

Entre los procesados se encuentran exsecretarios de despacho de áreas clave como Gestión Humana, Movilidad, Suministros y Planeación.

El precandidato presidencial ha rechazado las acusaciones, calificando el proceso como un “montaje judicial” orquestado por sus opositores para sacarlo de la contienda presidencial. La Fiscalía, por su parte, asegura contar con un acervo probatorio robusto que incluye más de 3.900 pruebas documentales y 48 testimonios para sustentar la acusación en la etapa de juicio.