
Histórica sentencia de la JEP contra la cúpula de las FARC por secuestro
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia contra el último secretariado de las FARC-EP, imponiendo la máxima sanción de ocho años de trabajos restaurativos por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Esta decisión, aunque no contempla cárcel, marca un precedente en la justicia transicional colombiana y ha generado un intenso debate sobre la proporcionalidad de la pena y la reparación a las víctimas. La sentencia, calificada como un hito judicial, declara a siete excomandantes, entre ellos Rodrigo Londoño, como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes, homicidios, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. El fallo se enmarca en un modelo de justicia restaurativa, priorizando la verdad y la no repetición sobre el castigo punitivo tradicional, en coherencia con el Acuerdo Final de Paz. La sanción propia combina un componente retributivo, con restricciones efectivas de libertad y movimiento bajo monitoreo electrónico, y un componente restaurativo, materializado en Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador y Restaurador (TOAR) como desminado, búsqueda de desaparecidos y recuperación ambiental. A pesar de ser celebrada por organismos internacionales como la ONU, la decisión ha sido duramente criticada por víctimas emblemáticas como Ingrid Betancourt y el sargento César Augusto Lasso, quienes la consideran un “premio a los criminales” y una forma de “impunidad”. Betancourt afirmó que la retórica es “revictimizante” y no descartó acudir a tribunales internacionales. El Procurador General, Gregorio Eljach, anunció que un equipo de delegados examinará el fallo y no descartó la posibilidad de una apelación. Los sancionados, por su parte, mantendrán sus derechos políticos, lo que les permitirá participar en elecciones, aunque la JEP ha aclarado que el cumplimiento de la sentencia prima sobre el ejercicio político.



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