Durante la audiencia de imputación, Garcés Carabalí no aceptó los cargos formulados en su contra, por lo que el caso continuará en etapa de investigación.

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El exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, fue formalmente imputado por la Fiscalía General de la Nación por un presunto patrón sistemático de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja. Además, se le acusa de haber utilizado maniobras fraudulentas para arrebatarle la custodia de sus hijos menores de edad. Ante un juez de control de garantías de Bogotá, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le formuló cargos por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor. Según la investigación del ente acusador, Garcés habría sometido a su expareja a un ciclo de violencia que persistió incluso después de la separación. Las agresiones se habrían intensificado cuando el exdiplomático se enteró de que la mujer había iniciado una nueva relación sentimental. La Fiscalía sostiene que, para quitarle la custodia de los niños, Garcés interpuso acciones judiciales presentando pruebas dudosas y testimonios falsos, con el objetivo de hacer creer a las autoridades que la madre maltrataba y abandonaba a los menores. Como resultado de estas presuntas acciones irregulares, la mujer actualmente mantiene una comunicación limitada y esporádica con sus hijos y no ha podido volver a verlos.
Durante la audiencia de imputación, Garcés Carabalí no aceptó los cargos formulados en su contra, por lo que el caso continuará en etapa de investigación.
El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de GairaRafael Hernández Muñoz, quien purgaba una condena de 23 años por el asesinato de Jairo Zapa Pérez, fue atacado a tiros y permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado.La Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó que Joice Rafael Hernández Muñoz, conocido como alias ‘Joice’, sería un exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fue condenado por el crimen de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de Regalías de la Gobernación de Córdoba, asesinado en marzo de 2014.El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de Gaira, en hechos ocurridos recientemente. Según el reporte de las autoridades, recibió dos impactos en el abdomen y fue trasladado al Hospital Julio Méndez Barreneche, donde permanece bajo pronóstico reservado.De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, Hernández Muñoz fue capturado años atrás junto a otras cinco personas señaladas de planear y ejecutar el homicidio de Zapa Pérez. El exdirector fue engañado y llevado a una vivienda en el barrio Las Castellanas, al norte de Montería, donde fue ahorcado, y su cuerpo abandonado en una quebrada, en una finca entre La Ye de Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba.Durante las audiencias concentradas, la jueza Roxana Mata Múnive, del Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías, avaló el material probatorio presentado por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Los implicados fueron vinculados por desaparición forzada agravada.En 2019, alias ‘Joice’ aceptó cargos por desaparición forzada agravada y homicidio agravado en calidad de cómplice, como parte de un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a 23 años de prisión, además de presentar disculpas escritas a las víctimas y pagar una multa superior a mil salarios mínimos legales vigentes.Sin embargo, tras confesar su participación, solo cumplió la mitad de la pena en prisión y hace cerca de cuatro meses obtuvo el beneficio de detención domiciliaria.Las autoridades investigan ahora si el ataque ocurrido en Gaira está relacionado con ajustes de cuentas o con su pasado criminal.
La Dirección Territorial de Salud confirmó que el proceso fue posible tras una serie de reuniones técnicas y gestiones financieras que culminaron en un acuerdo con la Nueva EPS para saldar parte de la deuda acumulada.
La situación afecta a comunidades del Bajo Calima en el Valle del Cauca (suroeste) y de Bolívar (norte), dijo la Defensoría en un comunicado.
En mi casa no se hablaba de los suicidas. Como máximo se permitía que dijéramos que se quitó la vida, acaso para distinguirlo de las decenas de muertos diarios que soportamos en mi infancia tulueña.