Esta decisión judicial representa un avance clave para la Fiscalía en un caso que ha generado una fuerte tensión política entre el mandatario regional y el gobierno nacional. La Sala Penal del Tribunal revocó una decisión de primera instancia y determinó que la medida de interceptar las comunicaciones de Rendón durante 13 días en mayo de 2025 fue “necesaria, útil y proporcional” para la investigación. El proceso indaga presuntas irregularidades en la celebración de contratos y peculado en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro, con un costo superior a los 1.269 millones de pesos. Según la denuncia, los CAI no cumplían con las condiciones de infraestructura exigidas y uno de ellos se construyó sin los avales previos de la Policía. El gobernador Rendón ha sostenido que la investigación es una persecución judicial orquestada por el gobierno de Gustavo Petro con el fin de sacarlo del cargo para “poner un gobernador de bolsillo de cara al 26”. Esta narrativa, apoyada por sectores del uribismo, cuestiona la independencia de las instituciones judiciales. Con el aval del Tribunal, las grabaciones obtenidas podrán ser utilizadas como material probatorio, complicando la situación jurídica del mandatario seccional.