
Avanza juicio contra ministro Armando Benedetti por caso Fonade
El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de tráfico de influencias, relacionado con el escándalo de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte instaló las audiencias preparatorias, marcando un avance significativo en un caso que vincula a un alto funcionario del actual gobierno. La acusación, contenida en un auto de 140 páginas, sostiene que Benedetti, cuando se desempeñaba como senador del Partido de la U durante el gobierno de Juan Manuel Santos, habría intercedido ilegalmente para que Fonade adjudicara un contrato de más de 1.000 millones de pesos a la empresa Certicámara S.A. El contrato tenía como objeto servicios de bodegaje, custodia y actualización de inventario. En el proceso también está involucrada Elsy Mireya Pinzón, quien era asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti. Durante la primera audiencia preparatoria, presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, la Sala procedió a decretar la práctica de pruebas testimoniales y documentales solicitadas por la defensa del ministro, a cargo del abogado David Benavides Morales. La decisión de avalar estas pruebas quedó en firme, lo que significa que serán incluidas en la próxima audiencia pública de juzgamiento, donde Benedetti deberá defenderse de las acusaciones que lo vinculan con el entramado de corrupción en la extinta entidad estatal.



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El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de GairaRafael Hernández Muñoz, quien purgaba una condena de 23 años por el asesinato de Jairo Zapa Pérez, fue atacado a tiros y permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado.La Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó que Joice Rafael Hernández Muñoz, conocido como alias ‘Joice’, sería un exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fue condenado por el crimen de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de Regalías de la Gobernación de Córdoba, asesinado en marzo de 2014.El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de Gaira, en hechos ocurridos recientemente. Según el reporte de las autoridades, recibió dos impactos en el abdomen y fue trasladado al Hospital Julio Méndez Barreneche, donde permanece bajo pronóstico reservado.De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, Hernández Muñoz fue capturado años atrás junto a otras cinco personas señaladas de planear y ejecutar el homicidio de Zapa Pérez. El exdirector fue engañado y llevado a una vivienda en el barrio Las Castellanas, al norte de Montería, donde fue ahorcado, y su cuerpo abandonado en una quebrada, en una finca entre La Ye de Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba.Durante las audiencias concentradas, la jueza Roxana Mata Múnive, del Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías, avaló el material probatorio presentado por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Los implicados fueron vinculados por desaparición forzada agravada.En 2019, alias ‘Joice’ aceptó cargos por desaparición forzada agravada y homicidio agravado en calidad de cómplice, como parte de un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a 23 años de prisión, además de presentar disculpas escritas a las víctimas y pagar una multa superior a mil salarios mínimos legales vigentes.Sin embargo, tras confesar su participación, solo cumplió la mitad de la pena en prisión y hace cerca de cuatro meses obtuvo el beneficio de detención domiciliaria.Las autoridades investigan ahora si el ataque ocurrido en Gaira está relacionado con ajustes de cuentas o con su pasado criminal.

La Dirección Territorial de Salud confirmó que el proceso fue posible tras una serie de reuniones técnicas y gestiones financieras que culminaron en un acuerdo con la Nueva EPS para saldar parte de la deuda acumulada.

La situación afecta a comunidades del Bajo Calima en el Valle del Cauca (suroeste) y de Bolívar (norte), dijo la Defensoría en un comunicado.

En mi casa no se hablaba de los suicidas. Como máximo se permitía que dijéramos que se quitó la vida, acaso para distinguirlo de las decenas de muertos diarios que soportamos en mi infancia tulueña.