Más de 4.200 víctimas se acreditaron para participar en este proceso, presentando sus testimonios y observaciones.

Al haber aceptado su responsabilidad, los comparecientes recibirán sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, que implican restricción de la libertad pero no cárcel. Estas sanciones se enfocarán en trabajos como desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, reparación ambiental y proyectos de memoria histórica. Aquellos que no reconozcan su responsabilidad ante pruebas contundentes enfrentarán juicios adversariales con penas de 15 a 20 años de prisión. Este fallo es uno de los más esperados desde la firma del Acuerdo de Paz y se considera un paso fundamental para la reparación de las víctimas y la construcción de la verdad sobre el conflicto armado.