Contraloría y Presidencia denuncian grave crisis financiera y corrupción en Nueva EPS
La Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande de Colombia, se encuentra en el centro de una grave crisis financiera y administrativa, según una alerta de la Contraloría General de la República y denuncias del presidente Gustavo Petro. Las irregularidades detectadas incluyen miles de millones de pesos en facturas sin tramitar, anticipos sin legalizar y una subestimación de las reservas técnicas, lo que pone en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados. Un operativo de policía judicial de la Contraloría en julio de 2025 reveló un panorama alarmante. Se detectó un incremento del 155 % en los anticipos pendientes por legalizar entre 2023 y 2024, pasando de 3,4 a 8,6 billones de pesos. Además, se encontraron 22,7 millones de facturas sin procesar por un valor de 22,1 billones de pesos, de las cuales 9,1 millones estaban duplicadas. El presidente Petro denunció que, tras la intervención del gobierno en abril de 2024, se descubrió que la EPS había "escondido 5 billones de pesos" en deudas. En una alocución, el mandatario usó una metáfora para describir el presunto desvío de fondos, afirmando que "se gastaron la plata en cheetos, papas fritas y paletas, que son los montos de la corrupción inmensa de la Nueva EPS". Ante la gravedad de los hallazgos, la Superintendencia de Salud ordenó una auditoría forense internacional para revisar el flujo de recursos entre 2019 y 2025 y determinar responsabilidades.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






