Según los documentos, este consorcio compraba los materiales directamente a los fabricantes y luego los revendía a Air-e con sobrecostos que alcanzarían hasta el 60 %.

Por ejemplo, transformadores que el fabricante vendía al consorcio por 7.8 millones de pesos, eran facturados a Air-e por 12.8 millones.

La Procuraduría busca determinar si existió un detrimento patrimonial y ha solicitado pruebas técnicas para comparar los precios pagados con los del mercado.

Por su parte, el ministro Palma ha negado las acusaciones, calificándolas como parte de un plan para afectar su reputación con fines políticos. Aseguró que durante su gestión no autorizó ninguna compra y que actuó para solucionar una crisis de flujo de caja que enfrentaba la empresa, pero los documentos muestran que él firmó el contrato marco que fijaba los precios elevados antes de su salida.