Se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado. Según el ente acusador, los agentes del Estado habrían omitido sus funciones, permitiendo el ingreso de armas a la cárcel La Modelo de Bogotá y facilitando el actuar de los paramilitares que perpetraron los crímenes el 25 de mayo de 2000. La visita de la Corte IDH a Colombia busca verificar los avances en la implementación de las medidas de reparación ordenadas, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual en el conflicto armado y la impunidad en crímenes contra la prensa.
Caso Jineth Bedoya: Fiscalía vincula a dos generales en retiro tras 25 años
A más de 25 años de los crímenes de secuestro, tortura y violación cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, la Fiscalía General de la Nación ha vinculado formalmente a la investigación a dos generales en retiro de la Policía y el INPEC. Este avance judicial coincide con una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Bogotá para supervisar el cumplimiento de la sentencia que condenó al Estado colombiano por estos hechos. La Fiscalía llamó a indagatoria al general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijin, y al general (r) Fabio Campos Silva, exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), junto a otros cuatro exfuncionarios y un exparamilitar.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






