A estas advertencias se sumó la contundente denuncia del presidente Petro, quien afirmó: “Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones”.

El mandatario calificó el proceso como una posible "inmensa olla de corrupción". La suspensión se presenta como un respiro para un proceso que, según críticos, nació con señales de descomposición y corría el riesgo de ser capturado por intereses clientelistas, afectando la fe pública y la seguridad jurídica del país.