Nuevos cargos y solicitud de encarcelamiento complican el caso de Nicolás Petro

El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, se complica con la adición de nuevos cargos por parte de la Fiscalía. El exdiputado del Atlántico ahora enfrenta acusaciones por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, sumándose a los ya existentes por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La nueva imputación se centra en presuntas irregularidades en cinco contratos, valorados en más de 3.000 millones de pesos, gestionados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico. Estos convenios, destinados a la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, presuntamente no se ejecutaron, pero sí habrían servido para obtener beneficios económicos para Petro Burgos y su entonces pareja, Day Vásquez. La Fiscalía ha radicado la solicitud de imputación en un juzgado de Barranquilla y, de manera significativa, pedirá que se le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario. Este nuevo frente judicial es independiente del proceso que ya avanza por el presunto recibo de más de 1.000 millones de pesos de empresarios como Samuel Santander Lopesierra, conocido como "el Hombre Marlboro", y Gabriel Hilsaca, dineros que no habrían sido reportados a la campaña presidencial de su padre. La defensa de Petro ha respondido asegurando que no se va a "volar" y ha cuestionado la legalidad de las pruebas. La situación ha generado controversia dentro de la Fiscalía, con la designación de una fiscal de apoyo para el caso, una medida que, según juristas, es inusual y podría interpretarse como una forma de control sobre la fiscal titular.

En resumen

La situación judicial de Nicolás Petro se agrava con una nueva imputación por corrupción contractual y la solicitud de medida de aseguramiento en su contra. Este proceso, que corre en paralelo a su juicio por enriquecimiento ilícito, profundiza el escándalo que rodea a la familia presidencial y pone a prueba la independencia y transparencia del sistema judicial frente a un caso de alto impacto político.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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