Las declaraciones de los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido fundamentales para desentrañar el entramado. Pinilla aseguró ante la Corte Suprema que en la UNGRD se firmaban contratos sin importar si existía una emergencia real, con el propósito de garantizar la aprobación de las reformas del Gobierno. Mencionó presiones directas del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la asignación de un contrato por inundaciones en Sahagún al senador Julio Elías Chagüi.

Por su parte, López ha implicado al exministro Ricardo Bonilla y ha denunciado haber recibido una oferta de soborno de diez mil millones de pesos para alterar su testimonio. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra López, Pinilla y otras 11 personas por presuntamente favorecer a cinco empresas del contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como 'el pastuso', en contratos que ascienden a 86.000 millones de pesos. La controversia también salpica a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, investigada por la Comisión de Acusación por presuntas omisiones, y al actual director, Carlos Carrillo, señalado por Pinilla de la pérdida de documentos cruciales para la investigación. En medio de su colaboración, Olmedo López ha denunciado que su seguridad y la de su familia están en riesgo, afirmando que la calificación de "traidor de la izquierda" por parte del presidente Gustavo Petro "equivale a poner precio a mi cabeza".