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La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso significativo en la búsqueda de justicia por el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurridos en el año 2000. El ente acusador vinculó formalmente a la investigación a dos generales retirados que ocupaban altos cargos en la época: José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín, y Fabio Campos Silva, exdirector del Inpec. Junto a ellos, también fueron llamados a indagatoria otros exfuncionarios del Inpec: el exsubdirector Luis Bernardo Maldonado Bernate, el exasesor Jaime Gallo Zuleta y el exdirector de la cárcel La Modelo, Reinaldo Fierro Rico, además de un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Fiscalía determinó que estos agentes del Estado habrían omitido sus funciones, permitiendo el ingreso de armas a La Modelo y facilitando el actuar de los paramilitares que perpetraron los crímenes contra la periodista. Bedoya fue secuestrada en la entrada del penal, a donde había acudido para realizar un reportaje sobre el tráfico de armas. La investigación señala que los hechos fueron previamente planificados en reuniones entre internos y que la periodista fue víctima de “fragmentos de violencia sistemática, sexismo y hostigamiento, de cara a su ejercicio periodístico y por su condición de mujer”. Los exfuncionarios serán vinculados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.
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Este avance judicial se produce en el marco de la supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la implementación de la sentencia que condenó al Estado colombiano por estos hechos.
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