Investigación revela financiación de empresas eléctricas a batallones responsables de 'falsos positivos'

Una investigación periodística ha revelado que las empresas de energía ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2008 a unidades militares que cometieron el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos', en el Oriente Antioqueño. Estos aportes se realizaron bajo la figura de convenios de cooperación para la protección de infraestructura eléctrica estratégica en una de las zonas con mayor producción hidroeléctrica del país. Los recursos fueron destinados a batallones de la IV Brigada del Ejército, una de las unidades señaladas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como responsable de la mayor cantidad de estos crímenes de Estado. Entre los batallones beneficiados se encuentran el Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), responsable de más de 300 víctimas, y el Grupo Mecanizado Juan del Corral (CMJCO). La investigación detalla el caso de Luz Stelly Morales Arias, una adolescente de 16 años asesinada por miembros del BAJES en 2003 cerca de la represa Calderas, una infraestructura de ISAGEN. A pesar de las denuncias tempranas de organizaciones de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad, que desde 2003 documentaban un patrón sistemático de asesinatos de civiles presentados como bajas en combate, las empresas continuaron firmando estos convenios. Un militar activo que perteneció al BAJES señaló que, aunque no era un indicador explícito en los convenios, las 'bajas en combate' se mostraban a las empresas “como resultados para decir que se estaba neutralizando la amenaza”. Las empresas contactadas negaron haber suscrito los convenios o argumentaron que la información era reservada.

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En resumen

Una investigación periodística expuso cómo las empresas energéticas EPM, ISA e ISAGEN financiaron, a través de convenios de cooperación, a batallones del Ejército que, según la JEP, fueron los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2008. A pesar de las denuncias tempranas sobre estos crímenes, los millonarios aportes para proteger la infraestructura eléctrica continuaron fluyendo hacia estas unidades militares.

El Armadillo

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