Los cargos se derivan de presuntas irregularidades en al menos cinco contratos, valorados en más de 3.000 millones de pesos, suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), en la que Petro Burgos tendría intereses junto a su exesposa, Day Vásquez. Según la Fiscalía, los convenios, destinados a la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, no se habrían ejecutado.

El material probatorio incluiría chats y audios del celular de Vásquez que supuestamente evidencian una manipulación contractual desde 2021.

La defensa de Petro ha cuestionado la legalidad de estas pruebas. Adicionalmente, se ha conocido la designación de una fiscal de apoyo para el caso de lavado de activos, una decisión que, según juristas consultados por medios, resulta “suspicious” dado que no fue solicitada por la fiscal titular y se produce en un momento clave del proceso. La audiencia de imputación por los nuevos delitos fue radicada en un juzgado de Barranquilla y se espera que la fecha sea fijada próximamente, en una diligencia que será crucial para el futuro judicial del hijo del presidente.