El asesinato de José Dorien Jiménez Salazar, secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, ha conmocionado a la región y puesto en evidencia la persistente amenaza de la criminalidad contra funcionarios públicos. El crimen, ocurrido en un concurrido parque mientras la víctima observaba un partido de fútbol, ha desatado una respuesta institucional inmediata, incluyendo una millonaria recompensa para dar con los responsables. El ataque se produjo en la noche del martes 9 de septiembre de 2025, cuando Jiménez Salazar se encontraba en un establecimiento público cerca de la alcaldía, viendo el partido de la selección Colombia contra Venezuela. Según testigos y un video de seguridad, un sicario se le acercó y le disparó a quemarropa, causándole la muerte.
En el atentado también resultó herida una mujer que formaba parte de su equipo de trabajo. La principal hipótesis de las autoridades, tanto de la Alcaldía de Pradera como de la Gobernación del Valle, apunta a una retaliación por parte de la banda criminal ‘Los Moros’. Esta teoría se sustenta en que el funcionario lideraba operativos contra el microtráfico en el municipio, habiendo realizado recientemente cerca de 22 allanamientos a expendios de droga. El alcalde Francisco Javier Guzmán, aunque no descartó otras posibilidades, señaló que la participación de disidencias de las FARC parece improbable, ya que operan lejos del casco urbano. Como respuesta al crimen, la gobernadora Dilian Francisca Toro convocó un consejo de seguridad extraordinario y anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales.
La Defensoría del Pueblo también condenó el hecho, pidiendo “una respuesta institucional inmediata, coordinada y efectiva”.
En resumenEl asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez, presuntamente a manos de la banda ‘Los Moros’ en retaliación por operativos contra el microtráfico, subraya la vulnerabilidad de los funcionarios públicos en el Valle del Cauca. Las autoridades han respondido con una recompensa de 100 millones de pesos y la conformación de un equipo de investigación especial para capturar a los responsables.