Según el denunciante, esta connivencia habría tenido como objetivo "permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal".

González, exdirector del Dapre, es una figura clave en el escándalo y actualmente se encuentra prófugo con asilo en dicho país.

La queja también cuestiona que, mientras la Fiscalía negó un preacuerdo y un principio de oportunidad a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, se habría abstenido de imputar y solicitar medida de aseguramiento contra González y César Manrique, exdirector del DAFP. Por estos hechos, se le atribuyen a la fiscal posibles delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.

La representante liberal María Eugenia Lopera fue designada para llevar el caso en la Comisión, que es el órgano constitucional encargado de investigar a los altos funcionarios del Estado, incluyendo al fiscal general. Este proceso añade una nueva capa de complejidad al ya intrincado caso de la UNGRD, poniendo bajo escrutinio la actuación de la cabeza del ente acusador.