Contraloría destapa grave crisis financiera en Nueva EPS con irregularidades por billones de pesos
La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre una delicada situación administrativa y financiera en la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país. Tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, el ente de control detectó presuntas irregularidades que comprometen billones de pesos y ponen en riesgo la sostenibilidad de la EPS y la atención de sus más de 11 millones de afiliados. El análisis preliminar de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría reveló un incremento desmesurado de los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, un aumento del 155%. A junio de 2025, la cifra acumulada ya alcanzaba los $15,27 billones. Además, se encontró un represamiento masivo de facturas sin auditar; de un total de 22,7 millones de registros por valor de $22,1 billones, se identificaron 9,1 millones de facturas duplicadas. Al excluir las repeticiones, quedan $13,2 billones pendientes por procesar, de los cuales el 97% no ha sido sometido a revisión por parte de la EPS. Otro hallazgo preocupante es la subestimación de las reservas técnicas, con un déficit de $11,1 billones a diciembre de 2024. La Contraloría advirtió que esta situación evidencia un "deterioro progresivo" a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. En respuesta, el superintendente Giovanny Rubiano anunció tres acciones centrales: una auditoría forense internacional para revisar el flujo de recursos entre 2019 y 2025, una auditoría de cuentas para verificar los giros desde la UPC y un plan de estabilización de pagos a la red de prestadores.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





