
Caso Valeria Afanador: Familia pide imputar a directivos del colegio por homicidio y Fiscalía ordena pruebas de ADN
La investigación por la muerte de la niña Valeria Afanador, de 10 años, ha dado un giro significativo, centrando la atención en la posible responsabilidad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá. La familia de la menor, a través de su abogado Julián Quintana, ha solicitado formalmente a la Fiscalía que impute a la rectora, Sonia Ochoa, y a dos docentes por el delito de homicidio, argumentando que "graves omisiones" en el deber de cuidado permitieron la tragedia. Valeria, quien tenía síndrome de Down, desapareció del plantel el 12 de agosto y su cuerpo fue hallado 18 días después en el río Frío. Aunque el dictamen de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento sin signos de violencia sexual, la defensa insiste en que el colegio no activó los protocolos de seguridad a tiempo y permitió que la niña saliera por un punto vulnerable de la institución. Quintana ha calificado el hecho como un posible "homicidio por omisión" y ha denunciado que el colegio habría alterado la escena al modificar la cerca por donde presuntamente salió la niña. En respuesta, la defensa del colegio, a cargo del abogado Francisco Bernate, ha negado cualquier manipulación y sostiene que los protocolos se activaron correctamente. En un nuevo y crucial desarrollo, la Fiscalía ordenó la toma de muestras de ADN a todo el personal del colegio para cotejarlas con el material biológico de la menor y determinar si hubo intervención de terceros. El informe forense también reveló que Valeria presentaba dos escoriaciones en la mano y hematomas en el tórax, lesiones que, aunque no mortales, ocurrieron antes de su muerte y que la familia considera una prueba clave. Mientras tanto, el colegio ha mencionado la existencia de una póliza de seguros millonaria, lo que fue calificado por los padres de Valeria como un comentario "insensible y malintencionado", reiterando que su lucha es por justicia, no por dinero.



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