Caso Valeria Afanador: Familia pide imputar a directivos del colegio por homicidio y Fiscalía ordena pruebas de ADN

La investigación por la muerte de la niña Valeria Afanador, de 10 años, ha dado un giro significativo, centrando la atención en la posible responsabilidad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá. La familia de la menor, a través de su abogado Julián Quintana, ha solicitado formalmente a la Fiscalía que impute a la rectora, Sonia Ochoa, y a dos docentes por el delito de homicidio, argumentando que "graves omisiones" en el deber de cuidado permitieron la tragedia. Valeria, quien tenía síndrome de Down, desapareció del plantel el 12 de agosto y su cuerpo fue hallado 18 días después en el río Frío. Aunque el dictamen de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento sin signos de violencia sexual, la defensa insiste en que el colegio no activó los protocolos de seguridad a tiempo y permitió que la niña saliera por un punto vulnerable de la institución. Quintana ha calificado el hecho como un posible "homicidio por omisión" y ha denunciado que el colegio habría alterado la escena al modificar la cerca por donde presuntamente salió la niña. En respuesta, la defensa del colegio, a cargo del abogado Francisco Bernate, ha negado cualquier manipulación y sostiene que los protocolos se activaron correctamente. En un nuevo y crucial desarrollo, la Fiscalía ordenó la toma de muestras de ADN a todo el personal del colegio para cotejarlas con el material biológico de la menor y determinar si hubo intervención de terceros. El informe forense también reveló que Valeria presentaba dos escoriaciones en la mano y hematomas en el tórax, lesiones que, aunque no mortales, ocurrieron antes de su muerte y que la familia considera una prueba clave. Mientras tanto, el colegio ha mencionado la existencia de una póliza de seguros millonaria, lo que fue calificado por los padres de Valeria como un comentario "insensible y malintencionado", reiterando que su lucha es por justicia, no por dinero.

En resumen

El caso de Valeria Afanador avanza hacia un complejo escenario judicial donde se busca establecer la responsabilidad penal del colegio por presunta negligencia. Con la familia pidiendo imputaciones por homicidio y la Fiscalía ordenando pruebas de ADN a todo el personal, la investigación se enfoca en esclarecer si las omisiones de la institución educativa derivaron en la trágica muerte de la menor.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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