La muerte de los auxiliares de Policía Wilmer Santiago Fuyar Ocampo y Yuly Andrea Quinayas en un accidente de tránsito en Neiva ha generado una ola de indignación y un debate sobre un posible exceso de autoridad por parte de agentes de tránsito. El siniestro ocurrió en la madrugada del 6 de septiembre, cuando los jóvenes, que se movilizaban en una motocicleta junto a una tercera persona que resultó gravemente herida, colisionaron contra un poste y un árbol. Según versiones preliminares, el accidente se produjo después de que los jóvenes presuntamente omitieran un puesto de control de la Secretaría de Movilidad, lo que habría desencadenado una persecución por parte de los agentes. Testigos del hecho han asegurado que la caída de la motocicleta fue provocada por los funcionarios públicos, lo que ha sido calificado por la comunidad y algunos concejales como un "procedimiento mal realizado" y un abuso de autoridad. La indignación ciudadana se manifestó en redes sociales y en un plantón frente a la alcaldía bajo la consigna "No más operativos homicidas".
Además, una camioneta de la Secretaría de Movilidad fue vandalizada. El alcalde de Neiva, German Casagua, anunció que solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría que asuman las investigaciones para garantizar transparencia. "De encontrarse responsabilidad penal o disciplinaria en estos servidores públicos, exigiré que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos", afirmó el mandatario. Desde el Concejo de Neiva, se ha propuesto un debate de control político a la Secretaría de Movilidad, cuestionando la preparación y vocación de algunos agentes. Durante las exequias, el párroco Javier Rojas Peralta hizo un llamado a la justicia y al respeto, mencionando que "quienes estamos al frente de una responsabilidad debemos servir y proteger, no abusar de la autoridad".
En resumenLa trágica muerte de dos auxiliares de policía en Neiva ha puesto en el centro del debate público la actuación de los agentes de tránsito, con graves acusaciones de abuso de autoridad que ya están siendo investigadas por los entes de control. El caso ha provocado una fuerte reacción ciudadana que exige justicia y una revisión de los protocolos de la Secretaría de Movilidad.