La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, incluyendo un dictamen técnico para establecer si los precios correspondieron al mercado. Además de los sobrecostos, la investigación disciplinaria también abarca denuncias sobre nombramientos de allegados, como el de Juan Pablo Nieto Egea, presunto pariente de Palma, como gerente contable de la empresa. Frente a la apertura de la indagación, el ministro Palma se pronunció en sus redes sociales, calificando el proceso como "apenas normal en una vida pública y política tan convulsa, polarizada y judicializada". Aseguró que ha enfrentado más de 30 procesos disciplinarios en su carrera y que siempre ha demostrado su inocencia, pidiendo respeto por la presunción de inocencia y cuestionando que la información se filtrara a los medios antes de una notificación oficial.
Procuraduría indaga a ministro Edwin Palma por presuntos sobrecostos en la empresa Air-e
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, se encuentra bajo indagación previa de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades contractuales durante su gestión como agente interventor de la empresa de energía Air-e. La investigación se centra en posibles sobrecostos en la compra de transformadores y otros insumos eléctricos, así como en nombramientos cuestionados. La indagación del Ministerio Público se originó a raíz de denuncias periodísticas que señalaban un posible detrimento patrimonial en el contrato C00132025, suscrito con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC). Según las revelaciones, bajo un esquema de tercerización de compras implementado por Palma, Air-e habría adquirido transformadores a precios significativamente superiores a los del mercado. Por ejemplo, se habrían pagado $12.844.000 por transformadores que antes de la intervención se compraban directamente al fabricante por $8.400.000.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





