El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, se encuentra bajo indagación previa de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades contractuales durante su gestión como agente interventor de la empresa de energía Air-e. La investigación se centra en posibles sobrecostos en la compra de transformadores y otros insumos eléctricos, así como en nombramientos cuestionados. La indagación del Ministerio Público se originó a raíz de denuncias periodísticas que señalaban un posible detrimento patrimonial en el contrato C00132025, suscrito con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC). Según las revelaciones, bajo un esquema de tercerización de compras implementado por Palma, Air-e habría adquirido transformadores a precios significativamente superiores a los del mercado. Por ejemplo, se habrían pagado $12.844.000 por transformadores que antes de la intervención se compraban directamente al fabricante por $8.400.000.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, incluyendo un dictamen técnico para establecer si los precios correspondieron al mercado. Además de los sobrecostos, la investigación disciplinaria también abarca denuncias sobre nombramientos de allegados, como el de Juan Pablo Nieto Egea, presunto pariente de Palma, como gerente contable de la empresa. Frente a la apertura de la indagación, el ministro Palma se pronunció en sus redes sociales, calificando el proceso como "apenas normal en una vida pública y política tan convulsa, polarizada y judicializada". Aseguró que ha enfrentado más de 30 procesos disciplinarios en su carrera y que siempre ha demostrado su inocencia, pidiendo respeto por la presunción de inocencia y cuestionando que la información se filtrara a los medios antes de una notificación oficial.
En resumenLa gestión del ministro Edwin Palma como interventor de Air-e está bajo la lupa de la Procuraduría por presuntos sobrecostos en la compra de equipos eléctricos y nombramientos irregulares. Mientras el ministro defiende su inocencia y califica la investigación como un procedimiento habitual en la vida pública, el ente de control avanza en la recolección de pruebas para determinar si hubo un detrimento patrimonial.