El concurso de méritos para proveer más de 200 notarías en propiedad en Colombia se encuentra bajo un intenso escrutinio por presuntas irregularidades y denuncias de corrupción que han involucrado a la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y al propio presidente Gustavo Petro. La controversia ha llevado a la suspensión del proceso por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial tras las múltiples alertas. La Procuraduría General de la Nación fue una de las primeras en encender las alarmas, solicitando al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, que evaluara la suspensión del contrato con la Universidad Libre, entidad encargada de operar el concurso. El Ministerio Público argumentó que el proceso carecía de garantías para los participantes, ya que no se contemplaban recursos para apelar decisiones sobre listas de admitidos o calificaciones, vulnerando el derecho a la defensa.
Además, señaló posibles vicios en las convocatorias a las sesiones del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) y la falta de un cronograma oficial vigente.
A estas preocupaciones se sumó el presidente Gustavo Petro, quien denunció públicamente que existirían negociaciones ilegales para la asignación de notarías, afirmando que se estarían cobrando "mil millones por cupo". Esta grave acusación motivó al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a radicar una denuncia formal ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se investiguen los posibles actos de corrupción. Las críticas también apuntan a cambios en las reglas del concurso, como la reducción del plazo de inscripción y la modificación de los requisitos para las publicaciones académicas, lo que, según algunos notarios, podría favorecer a ciertos aspirantes. La suspensión del concurso, anunciada tras una sesión extraordinaria del CSCN, busca dar claridad y transparencia a un proceso fundamental para la fe pública del país.
En resumenEl concurso para el nombramiento de notarios en Colombia ha sido suspendido en medio de una tormenta de acusaciones que van desde fallas procesales, denunciadas por la Procuraduría, hasta graves señalamientos de corrupción por parte del presidente Petro. La decisión busca garantizar la transparencia de un proceso vital para el sistema judicial y la confianza ciudadana.