La Fiscalía sostiene que Petro Burgos, junto a su expareja Day Vásquez, habría utilizado esta fundación como una fachada para obtener beneficios económicos personales. Este nuevo frente judicial es independiente del proceso que ya avanza en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionado con la recepción de más de 1.000 millones de pesos de empresarios como Samuel Santander Lopesierra, conocido como "el Hombre Marlboro", y Gabriel Hilsaca, dineros que, según la Fiscalía, no fueron destinados a la campaña presidencial de su padre sino a gastos personales. La defensa de Petro ha cuestionado la legalidad de algunas pruebas, como la información extraída del celular de Day Vásquez, pero la Fiscalía y la Procuraduría han defendido su validez en las audiencias preparatorias. La solicitud de detención preventiva por parte de la Fiscalía añade una enorme presión al caso, que ya tiene profundas implicaciones políticas por la cercanía del acusado con el jefe de Estado.
Fiscalía imputará nuevos cargos a Nicolás Petro y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario
La situación judicial de Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, se complica significativamente tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de una nueva imputación en su contra. El ente acusador solicitará además que se le imponga medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, lo que representa un giro drástico en el proceso que hasta ahora enfrentaba en libertad. La nueva imputación se centra en los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Estas acusaciones se derivan de su supuesta intervención irregular en al menos cinco contratos, valorados en más de 3.000 millones de pesos, gestionados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico. Según la investigación, los convenios estaban destinados a la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, pero los servicios nunca se habrían ejecutado.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





