La Fiscalía sostiene que Petro Burgos, junto a su expareja Day Vásquez, habría utilizado esta fundación como una fachada para obtener beneficios económicos personales. Este nuevo frente judicial es independiente del proceso que ya avanza en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionado con la recepción de más de 1.000 millones de pesos de empresarios como Samuel Santander Lopesierra, conocido como "el Hombre Marlboro", y Gabriel Hilsaca, dineros que, según la Fiscalía, no fueron destinados a la campaña presidencial de su padre sino a gastos personales. La defensa de Petro ha cuestionado la legalidad de algunas pruebas, como la información extraída del celular de Day Vásquez, pero la Fiscalía y la Procuraduría han defendido su validez en las audiencias preparatorias. La solicitud de detención preventiva por parte de la Fiscalía añade una enorme presión al caso, que ya tiene profundas implicaciones políticas por la cercanía del acusado con el jefe de Estado.