Escándalo UNGRD: Se ratifica orden de captura contra exdirector del Dapre y se revelan nuevos frentes de investigación

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa escalando con decisiones judiciales clave y nuevas revelaciones que implican a más funcionarios y contratistas. La justicia avanza en múltiples frentes para desmantelar la red que habría desviado miles de millones de pesos destinados a la atención de emergencias. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en el desfalco. El tribunal no solo confirmó los delitos de cohecho y peculado, sino que también incluyó el de lavado de activos, agravando su situación jurídica.

Esta decisión se mantiene a pesar de que González se encuentra prófugo y con asilo político en Nicaragua, lo que ha generado una crisis diplomática y cuestionamientos sobre la cooperación judicial internacional. Paralelamente, las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia han ampliado el espectro de la investigación. Pinilla aseguró que la entidad era utilizada como un "botín" para entregar contratos a congresistas a cambio de apoyo a las reformas del Gobierno, mencionando directamente al senador Julio Elías Chagüi y a la senadora Marta Peralta como presuntos beneficiarios de estos acuerdos. Además, denunció la desaparición de documentos clave bajo la actual dirección de Carlos Carrillo, quien ha sido citado a testificar. A esto se suma la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que formuló pliego de cargos contra 13 personas, incluyendo a Olmedo López y Sneyder Pinilla, por un esquema de direccionamiento de contratos por más de 86.000 millones de pesos, donde un solo proponente, Luis Eduardo López Rosero, habría simulado competencia a través de varias empresas bajo su control para obtener sobrecostos que luego se usarían para pagar sobornos.

En resumen

El caso UNGRD se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción recientes, con la justicia confirmando medidas contra altos exfuncionarios prófugos, mientras testimonios y nuevas investigaciones de la SIC revelan una presunta red sistemática de sobornos y direccionamiento de contratos que salpica a múltiples actores del poder político y empresarial.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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