Esta decisión se mantiene a pesar de que González se encuentra prófugo y con asilo político en Nicaragua, lo que ha generado una crisis diplomática y cuestionamientos sobre la cooperación judicial internacional. Paralelamente, las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia han ampliado el espectro de la investigación. Pinilla aseguró que la entidad era utilizada como un "botín" para entregar contratos a congresistas a cambio de apoyo a las reformas del Gobierno, mencionando directamente al senador Julio Elías Chagüi y a la senadora Marta Peralta como presuntos beneficiarios de estos acuerdos. Además, denunció la desaparición de documentos clave bajo la actual dirección de Carlos Carrillo, quien ha sido citado a testificar. A esto se suma la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que formuló pliego de cargos contra 13 personas, incluyendo a Olmedo López y Sneyder Pinilla, por un esquema de direccionamiento de contratos por más de 86.000 millones de pesos, donde un solo proponente, Luis Eduardo López Rosero, habría simulado competencia a través de varias empresas bajo su control para obtener sobrecostos que luego se usarían para pagar sobornos.