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Atentado con carro bomba en Cali deja múltiples víctimas civiles

Un atentado con carro bomba en Cali, atribuido a disidencias de las FARC, dejó un saldo trágico de civiles muertos y heridos, generando una fuerte respuesta de las autoridades y la condena de organismos internacionales. Este acto terrorista evidencia la persistencia de la violencia indiscriminada en centros urbanos del país.

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El 21 de agosto, un camión cargado con explosivos detonó a las 2:50 p.m. en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez. La explosión causó la muerte de seis civiles, entre ellos una mujer embarazada y un menor de 17 años, y dejó más de 70 heridos. El ataque fue atribuido por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), como una “reacción terrorista” a la ofensiva del Ejército en el Cañón del Micay, Cauca. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el “ataque indiscriminado” e instó a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario. Por su parte, la Defensoría del Pueblo calificó el hecho como un crimen de guerra. Tras el atentado, la comunidad logró capturar a uno de los presuntos autores materiales, identificado como alias ‘Sebastián’ o Walter Steban Yonda Ipia, un joven de 23 años.

El presidente Petro publicó su fotografía y señaló que pertenece a las estructuras del EMC y está vinculado al narcotráfico.

Como respuesta, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, ordenaron el refuerzo militar en Jamundí y ofrecieron una recompensa conjunta entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle de hasta 800 millones de pesos por información sobre los responsables.

ai briefingEn resumen
El atentado en Cali subraya la vulnerabilidad de la población civil frente al conflicto armado. Las autoridades respondieron con la captura de un sospechoso clave y el fortalecimiento de la seguridad, mientras que la condena nacional e internacional resalta la gravedad del ataque como una violación al derecho humanitario.

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