El 21 de agosto, un camión cargado con explosivos detonó a las 2:50 p.m. en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez. La explosión causó la muerte de seis civiles, entre ellos una mujer embarazada y un menor de 17 años, y dejó más de 70 heridos. El ataque fue atribuido por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), como una “reacción terrorista” a la ofensiva del Ejército en el Cañón del Micay, Cauca. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el “ataque indiscriminado” e instó a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario. Por su parte, la Defensoría del Pueblo calificó el hecho como un crimen de guerra. Tras el atentado, la comunidad logró capturar a uno de los presuntos autores materiales, identificado como alias ‘Sebastián’ o Walter Steban Yonda Ipia, un joven de 23 años.
El presidente Petro publicó su fotografía y señaló que pertenece a las estructuras del EMC y está vinculado al narcotráfico.
Como respuesta, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, ordenaron el refuerzo militar en Jamundí y ofrecieron una recompensa conjunta entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle de hasta 800 millones de pesos por información sobre los responsables.