Durante los últimos 25 años, la porosa frontera ha sido escenario de un horror silencioso. La investigación periodística identifica como responsables a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), guerrillas como el ELN y las FARC, bandas criminales y hasta miembros del Ejército de Venezuela. La gravedad del fenómeno fue reconocida por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la existencia de fosas comunes con al menos 200 cuerpos en la zona. El exparamilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano', detalló los métodos para ocultar los crímenes, afirmando que la orden era disminuir las cifras de asesinatos en Colombia. Para ello, arrojaban cuerpos a los ríos, los enterraban en fosas, los incineraban o los ejecutaban en Venezuela para que no quedaran registros en Colombia, bajo la premisa de que “si no hay cadáver, no hay delito”. Los testimonios de las víctimas humanizan la tragedia: desde César Cijanes, a quien “lo hicieron cavar su tumba” en Venezuela, hasta el joven Kleiver Ramírez, desaparecido recientemente en Apure, cuya madre recibe amenazas por buscarlo. La respuesta institucional es limitada; aunque la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha logrado casos de entregas dignas, como el de Brenda Marín Lara, la norma es la falta de cooperación binacional y el miedo que silencia a las familias, perpetuando una triple desaparición: la física, la institucional y la del olvido.