Tras acumular varias denuncias, un juez le impuso una fianza de 4.500 dólares.

Este incidente ha puesto de manifiesto una problemática creciente en la industria. Propietarios de restaurantes de la ciudad expresaron su preocupación, revelando que ya habían compartido internamente la fotografía de la influencer para prevenir su ingreso. El caso ha reabierto la discusión sobre la necesidad de establecer reglas claras y profesionales para las colaboraciones entre comercios y creadores de contenido, con el fin de evitar abusos y situaciones que perjudiquen a los establecimientos. La defensa de la acusada solicitó una evaluación psiquiátrica, mientras las autoridades investigan otras denuncias similares en su contra.