La liberación se concretó gracias a la mediación de una comisión humanitaria, conformada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica, que se desplazó hasta la zona para recibir al joven. Este gesto humanitario ocurre en un contexto de alta tensión en varias regiones del país por las acciones de grupos armados, y representa un alivio para la familia del menor y las organizaciones de derechos humanos que seguían el caso. La entrega del joven a la comisión es un resultado positivo en medio de la compleja situación de orden público. La participación de la Defensoría y la Iglesia fue fundamental para establecer un canal de comunicación con el grupo armado y garantizar la integridad del adolescente durante el proceso de liberación. Una vez en libertad, el joven quedó bajo la protección de las instituciones competentes para iniciar su proceso de restablecimiento de derechos y el reencuentro con sus seres queridos. Este hecho subraya la grave problemática del reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado, así como las acusaciones infundadas que ponen en riesgo la vida de los jóvenes en los territorios.