Este hecho se enmarca en una compleja situación de orden público en el norte de Antioquia, específicamente en Briceño, un municipio estratégico para grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana detallando la grave crisis humanitaria y de conflicto en la localidad, donde se han registrado asesinatos y desplazamientos masivos. La disputa territorial entre el Frente 36 de las disidencias, el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) mantiene a la población en un estado de riesgo constante. La desactivación de este artefacto es una acción preventiva crucial que salvaguardó vidas en una región marcada por la violencia.