Los hechos, cometidos por exintegrantes del Ejército Nacional entre 2003 y 2008, fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate.

La ceremonia, celebrada en Valledupar y ordenada por sentencias judiciales, reunió a familiares, comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos y altas autoridades del Estado.

El ministro Sánchez calificó los asesinatos como “acciones ilegales, reprochables y criminales” y afirmó que “estos hechos jamás debieron ocurrir”.

En su discurso, expresó: “Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas y a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí”.

Por su parte, el general Erik Rodríguez, comandante encargado del Ejército, reconoció los actos como “reprochables y de barbarie”, admitiendo que representaron una desviación del deber constitucional de la Fuerza Pública. Los representantes de las víctimas destacaron la importancia del acto.

Oseas Tomás Arias Martínez aseguró que el reconocimiento “representa dignificación, alivio y un avance hacia la reconciliación”.

Denis Martínez, hermana de Noemí Pacheco Zabata, una niña indígena Wiwa de 13 años asesinada estando embarazada y presentada falsamente como guerrillera, recordó con dolor: “mi hermana era una niña inocente.

[...] Este vacío no lo vamos a superar nunca”.

Este evento cumple con las sentencias de tribunales que documentaron cómo miembros de los batallones La Popa y Rondón ejecutaron a jóvenes e indígenas, calificando estos crímenes como graves violaciones a los Derechos Humanos y, en varios casos, como crímenes de lesa humanidad.