Esta regulación busca corregir situaciones de abuso documentadas en el pasado, donde algunos animales eran sometidos a jornadas extensas sin descanso ni control sanitario adecuado.

Además de la limitación horaria, las empresas de seguridad que empleen caninos deberán renovar sus autorizaciones anualmente. Para ello, tendrán que presentar certificados que validen la salud, el entrenamiento y la aptitud de cada animal. La resolución también prohíbe explícitamente los métodos de adiestramiento violentos. Un aspecto clave de la nueva norma es la obligación de las empresas de contar con un plan para el retiro responsable de los perros una vez que terminan su vida útil, así como disponer de garantías financieras que aseguren su bienestar durante la jubilación. El superintendente Larry Álvarez señaló que, si bien el objetivo a largo plazo es la sustitución de estos animales por tecnología, la prioridad actual es garantizarles condiciones dignas.