Estas familias buscaron refugio en el casco urbano, creando una emergencia humanitaria.

En respuesta, la Unidad para las Víctimas entregó 42 toneladas de alimentos y otros enseres para apoyar a las familias durante su retorno. El Ejército Nacional también ha desplegado tropas en la zona para proporcionar corredores de seguridad y acompañar el proceso, lo cual es crucial dada la presencia de minas antipersona. Las historias destacan la resiliencia de la comunidad, pero también su temor.

Un líder comunitario, Mario Rodríguez, declaró: “Estamos ingresando con miedo.

Estamos ingresando por la necesidad pero, no tenemos plena seguridad que no nos toque volver a salir del territorio por enfrentamientos”. La situación motivó al personero municipal a interponer una acción de tutela contra varias entidades del gobierno nacional por la presunta vulneración de los derechos de la población desplazada.