La iniciativa reemplaza redes improvisadas y conexiones ilegales, previniendo enfermedades, reduciendo gastos en salud y garantizando un servicio continuo y de calidad.

Manuela García, subsecretaria de Servicios Públicos, afirmó que el programa es una oportunidad de “esperanza, de equidad y de futuro para quienes por años esperaron este derecho fundamental”. El programa opera bajo tres líneas de intervención: abastecimiento comunitario en áreas de difícil gestión, donde se construyen redes provisionales; habilitación de viviendas en zonas con redes cercanas, financiando la conexión; y conexiones directas para inmuebles que ya disponen de redes locales. La estrategia no solo consiste en la instalación de infraestructura, sino que también promueve una cultura de legalidad y uso responsable de los recursos. La meta de la administración es ampliar la cobertura hasta 50.000 hogares, consolidando a "Unidos por el Agua" como una de las apuestas sociales más importantes de la ciudad para mejorar la habitabilidad y la salud pública.