Sin embargo, esta visión fue ampliamente rechazada por estudiantes y analistas, quienes la calificaron como un “salto al vacío” y una amenaza a la autonomía universitaria. El crítico Alejandro Toro señaló que la propuesta era “un insulto a la inteligencia decir que una universidad puede fortalecerse quitándole recursos”, y la interpretó como una “trampa para someter a las universidades a la voluntad del Ejecutivo departamental”. El movimiento estudiantil se organizó con marchas y protestas, argumentando que eliminar una fuente de ingresos estable sin una alternativa concreta y garantizada era un paso hacia la precarización y posible privatización.

La presión ejercida fue determinante, llevando al gobernador a anunciar que la estampilla “se conservará tal y como está”.

Esta victoria fue celebrada por diputados y líderes estudiantiles como un logro de la movilización ciudadana y un acto de defensa del derecho a una educación pública sostenible y autónoma.