Karen Ortiz, víctima de desplazamiento forzado en 2010, expresó que, “aunque el dinero llegó tarde, siempre sirve.

Ahora quiero emprender para poder vivir mejor”.

De manera similar, Deimy Angulo, desplazada en 2011, dijo con emoción: “Fueron muchos años esperando.

Por fin llegó este día y agradezco que se hayan acordado de nosotros”.

Las indemnizaciones no solo representan un alivio económico, sino también una oportunidad para invertir en proyectos productivos, mejorar viviendas o garantizar un futuro más estable para sus hijos, como planean hacerlo Elena Quiñones y Marvel Landázuri.

Álex González, subsecretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, y William Arteaga, director territorial de la Unidad de Víctimas, destacaron que este proceso busca resarcir los daños ocasionados por la violencia en el triángulo del Telembí, una de las zonas más golpeadas por el conflicto. Aunque el dinero no compensa las pérdidas sufridas, esta acción del Estado es un paso fundamental hacia la reparación integral y la reconstrucción del tejido social en la región.