La Unión Europea ha escalado su respuesta a la invasión de Ucrania, pasando de la congelación de activos a una propuesta sin precedentes para la confiscación de capital soberano ruso. Esta medida, que afecta a aproximadamente 210,000 millones de euros pertenecientes al Banco Central de Rusia, representa un punto de inflexión que amenaza los cimientos del sistema financiero internacional basado en la confianza y la seguridad jurídica. El plan propuesto por la Comisión Europea busca utilizar estos fondos como garantía para préstamos destinados a Ucrania, un mecanismo que en la práctica equivale a una confiscación directa del capital. La premisa es que los activos solo serían devueltos si Rusia accede a pagar reparaciones de guerra, una condición que transforma un activo financiero en una herramienta de presión geopolítica.
Esta decisión ha generado alarmas en las más altas esferas financieras.
Instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido explícitamente sobre las consecuencias devastadoras de tal acción.
Argumentan que podría socavar gravemente el estatus del euro como moneda de reserva global, ya que otros países soberanos podrían percibir los activos denominados en euros como inseguros y sujetos a decisiones políticas arbitrarias.
Además, alertan sobre una posible fragmentación del sistema de pagos global, donde las naciones buscarían alternativas al dólar y al euro, acelerando la transición hacia un orden multipolar y debilitando la influencia financiera de Occidente. La medida, por tanto, va más allá de un castigo a Rusia; es una apuesta de alto riesgo que podría desmantelar la arquitectura financiera que la propia Europa ayudó a construir.
En resumenLa propuesta de la UE de confiscar activos rusos es un movimiento histórico que, si bien busca apoyar a Ucrania, pone en grave peligro el papel del euro como moneda de reserva y la estabilidad del sistema financiero global, al erosionar el principio de seguridad jurídica soberana.