La crítica situación financiera de la empresa de energía Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace más de dos años, ha escalado a una preocupación nacional, con advertencias de un posible "apagón financiero" con "efecto dominó" en todo el sector eléctrico colombiano. Entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, junto con la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y el propio Ministerio de Minas y Energía, han alertado sobre la gravedad del problema. La crisis de Air-e es vista como "la punta del iceberg" de un problema mayor que afecta a otras comercializadoras, relacionado con deudas que bordean los $10 billones por conceptos como la opción tarifaria y subsidios. El procurador Gregorio Eljach cuestionó la efectividad de la intervención, señalando que su objetivo es salvar la empresa, no liquidarla. "No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas porque ese es el mayor contrasentido", advirtió.
Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, urgió a la Superintendencia a encontrar una "solución de fondo" y a inyectar capital para evitar un "riesgo sistémico".
La respuesta del exsuperintendente Yanod Márquez fue que el Fondo Empresarial, destinado a estas contingencias, está desfinanciado. Como consecuencia directa, Air-e no tiene recursos para pagar a sus proveedores y es la única comercializadora que aún no ha contratado la compra de energía para 2026, lo que pone en riesgo la prestación del servicio a sus 1.3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En resumenLa prolongada intervención estatal en Air-e no ha resuelto su crisis financiera, generando una alerta máxima sobre un posible colapso que podría afectar a todo el sistema eléctrico nacional. La falta de liquidez y soluciones estructurales amenaza la continuidad del servicio en tres departamentos de la Costa Caribe.