Gremios como Andeg advierten que la medida podría desincentivar la inversión y poner en riesgo la seguridad energética del país a partir de 2028.
El Cargo por Confiabilidad, creado en 2006, funciona como un seguro que remunera a las plantas generadoras por su disponibilidad para producir energía durante períodos críticos, como el fenómeno de El Niño, y ha sido fundamental para evitar racionamientos en Colombia durante las últimas tres décadas. La propuesta del gobierno de “replantear” el esquema, asignándolo solo a plantas que aporten confiabilidad real, ha sido recibida con cautela. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que cualquier modificación genera “señales de incertidumbre que podrían impactar la inversión en nueva capacidad de generación”. Advirtió que el beneficio tarifario para los usuarios no sería inmediato, ya que las asignaciones actuales del cargo están comprometidas hasta 2027-2028, y para entonces el sistema podría enfrentar un déficit de energía firme de entre 5 % y 6 %. Un análisis de un consultor en derecho minero energético coincide en que este cargo ha sido un “seguro muy importante”, pero sugiere que podría modificarse para generadoras que ya han recuperado su inversión.
La preocupación central del sector es que cambiar las reglas del juego desincentive la participación en futuras subastas de energía, necesarias para cubrir la demanda proyectada, paralizando inversiones cruciales para la expansión y seguridad del sistema eléctrico nacional.