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Baja ejecución presupuestal pone en duda la efectividad de las políticas gubernamentales

A pesar de manejar los presupuestos más altos de la última década, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta serias dificultades en la ejecución de los recursos, especialmente en sectores clave como Agricultura. Esta desconexión entre la asignación de fondos y la capacidad de gasto pone en tela de juicio la viabilidad de sus programas de transformación. Un informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) revela que, aunque el Presupuesto General de la Nación (PGN) aumentó de 352 a 525 billones de pesos entre 2022 y 2025, la capacidad operativa del Estado ha mostrado un “deterioro generalizado” desde 2024.

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Sectores estratégicos como Agricultura, Planeación e Igualdad presentan dificultades persistentes para ejecutar sus asignaciones.

El sector agropecuario es un caso emblemático de esta problemática. Indalecio Dangond, consultor agroindustrial, señala que, si bien el presupuesto del agro pasó de 2,4 billones en 2022 a 9,1 billones en 2024, la ejecución en este último año fue de apenas el 38,3 %, calificándola como “el peor desempeño en la historia de la cartera”. Esta ineficiencia tiene consecuencias directas, como el fracaso de la política de bancarización rural, donde solo el 13 % de los productores accedió a créditos Finagro en 2024, y el aumento de la pobreza monetaria rural al 43,4 %. La falta de ejecución también se evidencia en la reforma agraria, donde de las 3 millones de hectáreas prometidas, solo se han comprado 415.000 y adjudicado 232.000, muchas de ellas sin el debido registro, según el análisis de Dangond.

ai briefingEn resumen
La capacidad de ejecución presupuestal del gobierno actual se ha convertido en un obstáculo estructural que, a pesar de contar con recursos históricos, limita el impacto de sus políticas y amenaza con dejar sus principales promesas, como la reforma agraria, en el papel.

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