La propuesta gubernamental de modificar el Cargo por Confiabilidad genera incertidumbre sobre la inversión futura, mientras la crítica situación financiera de empresas como Air-e podría provocar un apagón inminente en la región Caribe. La discusión sobre el Cargo por Confiabilidad, un mecanismo creado en 2006 para garantizar el suministro de energía en momentos críticos como el Fenómeno de El Niño, ha escalado tras el anuncio del Ministerio de Minas y Energía de “replantear” su asignación. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que esta medida podría paralizar las inversiones necesarias para expandir la capacidad de generación, justo cuando se proyecta un déficit de energía firme del 5 % al 6 % para 2028. Según Castañeda, aunque el gobierno estime un ahorro tarifario, este no sería inmediato y podría comprometer la seguridad del sistema.
“Si un inversionista no sabe cuánto le van a pagar en los próximos 20 años, difícilmente participará en una subasta.
La señal debe ser clara y estable”, enfatizó, recordando que el cargo representa más del 80 % de los ingresos de una planta térmica.
A esta incertidumbre regulatoria se suma una crisis operativa inmediata.
Andeg ha alertado sobre un riesgo de apagón para el 35 % de la región Caribe debido a la deuda de la empresa Air-e, que asciende a 1,5 billones de pesos con el sistema eléctrico. De este monto, 900 mil millones corresponden a deudas con plantas termoeléctricas que, sin recursos para comprar combustible, no podrían operar.
Este panorama se enmarca en un declive general del sector minero-energético, cuyas exportaciones de carbón y petróleo han caído más del 30 % en los últimos años, impactando negativamente el PIB nacional.