El acuerdo, con una vigencia inicial de cinco años, abarcará los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander, con la posibilidad de extenderse a La Guajira y Cesar. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, defendió el proyecto, afirmando que reafirma el "compromiso con el desarrollo integral de las regiones fronterizas, garantizando la presencia del Estado, la seguridad y el bienestar". Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo y críticas por parte de analistas y la oposición. El expresidente Álvaro Uribe la calificó como "la entrega del país a la criminalidad internacional" y el avance de una "Cuba grande". Las principales preocupaciones se centran en la falta de claridad sobre su funcionamiento y la compleja situación de seguridad en la zona, marcada por la presencia de grupos armados como el ELN y el narcotráfico. El dictador Nicolás Maduro ha avivado las suspicacias al afirmar que hay "muy interesados están China, India, los turcos, los rusos" en invertir en la zona, y al expandir el área de influencia en sus declaraciones para incluir Arauca, Guainía y Vichada. Analistas advierten que la dependencia energética de Venezuela, a través de la importación de gas, podría comprometer la soberanía colombiana, trazando un paralelo con la dependencia energética de Alemania respecto a Rusia.