La sentencia establece que, entre 1995 y 2004, los condenados se concertaron con comandantes paramilitares para financiar al grupo armado ilegal con pagos sistemáticos que sumaron 1,7 millones de dólares. Según la investigación, el esquema consistía en entregar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada desde la región de Urabá, dinero que se legalizaba a través de cooperativas de vigilancia y seguridad (Convivir) controladas por las AUC. La jueza del caso, Diana Lucía Monsalve, determinó que los directivos actuaron con pleno conocimiento de que estaban apoyando a un grupo criminal responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Además de la pena de cárcel, se impuso una multa de 13.879 millones de pesos y se negaron beneficios como la prisión domiciliaria. Esta condena en Colombia se suma a fallos previos en Estados Unidos, donde la compañía ya había sido sancionada por sus vínculos con grupos armados, reafirmando la responsabilidad empresarial en el conflicto.