El monto total propuesto para la asistencia es de 209 millones de dólares, una disminución considerable frente a los 410 millones que el país ha recibido anualmente. El recorte más significativo se daría en los fondos no militares, destinados a programas de desarrollo económico y social, que pasarían de una cifra entre 134 y 180 millones de dólares a solo 67 millones. La lucha antinarcóticos también sufriría una reducción, con un presupuesto de 103 millones de dólares, el más bajo para este fin desde 1998. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, impulsor de la medida, argumentó que el gobierno colombiano “no ha utilizado eficazmente la asistencia de EE. UU. para promover metas y objetivos comunes”. La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que la decisión refleja “el deterioro de condiciones internas que afectan la relación bilateral” y pone en riesgo el respaldo bipartidista histórico. En respuesta, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticaron duramente la medida, calificándola de hipócrita y señalando el alto consumo de drogas en Estados Unidos como el verdadero motor del narcotráfico.