El convenio contempla la imposición de aranceles recíprocos del 15 % sobre productos japoneses exportados a Estados Unidos, una reducción frente al 25 % que se había esbozado inicialmente para la industria automotriz. Como contraparte, el acuerdo incluye una inversión japonesa en territorio estadounidense por un monto de 550.000 millones de dólares y la apertura del mercado nipón a productos clave de EE. UU., como vehículos, camiones y productos agrícolas, incluyendo el arroz, un punto de fricción en las negociaciones previas. El presidente Trump afirmó que su país “recibirá el 90 % de las ganancias” y que el pacto impulsará la creación de “cientos de miles de empleos”. Desde Tokio, la respuesta fue más cautelosa; el primer ministro Shigeru Ishiba declaró que su gobierno “examinará cuidadosamente los detalles del acuerdo”. Este pacto se enmarca en la estrategia de la administración Trump de presionar a sus aliados para reducir la dependencia comercial de China y asegurar acuerdos bilaterales antes de la fecha límite del 1 de agosto, cuando entrarán en vigor nuevas tarifas. Expertos como Mary Lovely, del Peterson Institute, consideran que el acuerdo representa “una victoria parcial” para Japón, ya que disipa la amenaza de un arancel del 25 %, aunque es poco probable que EE. UU. venda una gran cantidad de automóviles en el mercado japonés.
