Según la propuesta, automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos de uso particular que funcionen con diésel deberán pagar el combustible a precio internacional, sin el apoyo del Estado. El ministro de Minas, Edwin Palma, justificó la decisión como un acto de “justicia fiscal y ambiental”, argumentando que no es equitativo que los recursos públicos subsidien vehículos de lujo. Se estima que la eliminación del subsidio para este segmento generará un ahorro fiscal cercano a los 386 mil millones de pesos anuales. La implementación sería gradual, comenzando en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali. El Gobierno sostiene que el subsidio actual beneficia de forma desproporcionada a los hogares de mayores ingresos. Sin embargo, expertos advierten sobre posibles dificultades en la implementación, como la creación de mercados paralelos o el riesgo de fraude en las estaciones de servicio para desviar el combustible subsidiado hacia vehículos no autorizados.