Según el ente de control, el convenio interadministrativo firmado el 18 de julio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional no soluciona los problemas estructurales y presenta graves falencias. La principal preocupación es la falta de definición sobre quiénes serán los aliados estratégicos de la Imprenta para ejecutar el modelo y bajo qué modalidad serán seleccionados. Además, la Contraloría señaló que la propia Imprenta Nacional ha manifestado necesitar un periodo de alistamiento de entre 7 y 8 meses para asumir la producción, mientras que el nuevo cronograma fija como fecha límite de implementación el 31 de marzo de 2026, dejando un vacío operativo de varios meses. El contralor delegado Luis Enrique Abadía advirtió que esta situación podría afectar el derecho a la libre locomoción de los colombianos. Esta alerta se suma a la ya emitida por la Procuraduría, que también señaló un “alto riesgo de desabastecimiento” al quedar menos de 290.000 libretas por entregar bajo el contrato actual.