El ministro de Educación, Daniel Rojas, destacó que el proyecto “garantiza que niñas, niños, jóvenes y personas históricamente excluidas tengan acceso a herramientas tecnológicas que potencien sus capacidades”. A pesar del consenso, algunos expertos y congresistas de la oposición han expresado preocupación por la capacidad institucional del Estado para implementar una regulación tan ambiciosa y por el riesgo de que una normativa demasiado estricta pueda frenar la inversión y la innovación en el sector tecnológico del país.