El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha radicado nuevamente en el Congreso un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial (IA). La iniciativa busca establecer un marco normativo para el desarrollo ético, responsable y competitivo de esta tecnología, posicionando al país como un referente regional en la materia. Este nuevo proyecto es el resultado de un amplio proceso de concertación que unifica más de trece propuestas legislativas anteriores e integra aportes de la academia, el sector productivo y la sociedad civil. Liderado por la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, el texto aborda componentes clave como la gobernanza, la formación de talento, la propiedad intelectual y el desarrollo territorial. Uno de los pilares de la propuesta es la creación de una Autoridad Nacional de Supervisión en Inteligencia Artificial, que se encargaría de establecer estándares, certificar sistemas, evaluar riesgos y garantizar el respeto a los derechos humanos. Además, se promueven las zonas de prueba regulatoria (*sandboxes*) para fomentar la innovación bajo un entorno controlado. La iniciativa también pone un fuerte énfasis en la educación, proponiendo la inclusión de contenidos sobre IA, ciencia de datos y pensamiento computacional en todos los niveles del sistema educativo, así como la capacitación docente.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, destacó que el proyecto “garantiza que niñas, niños, jóvenes y personas históricamente excluidas tengan acceso a herramientas tecnológicas que potencien sus capacidades”. A pesar del consenso, algunos expertos y congresistas de la oposición han expresado preocupación por la capacidad institucional del Estado para implementar una regulación tan ambiciosa y por el riesgo de que una normativa demasiado estricta pueda frenar la inversión y la innovación en el sector tecnológico del país.
En resumenEl nuevo proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Colombia busca crear un marco ético y competitivo para su desarrollo, unificando múltiples propuestas anteriores. La iniciativa contempla la creación de una autoridad nacional de supervisión y un fuerte componente educativo, aunque persisten dudas sobre la capacidad del Estado para su implementación y el posible impacto en la innovación.