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Corte Internacional de Justicia establece precedente histórico sobre responsabilidad climática

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica que declara el derecho a un ambiente limpio como un derecho humano y establece que los Estados tienen la obligación jurídica de proteger el sistema climático. Este dictamen, aunque no vinculante, podría redefinir la responsabilidad internacional y abrir la puerta a litigios climáticos contra los países más contaminantes.

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En una decisión unánime, el máximo tribunal de la ONU afirmó que los países que incumplen sus compromisos para proteger el planeta del cambio climático podrían estar infringiendo el derecho internacional, lo que constituye un "acto internacionalmente ilícito". Esto abre la posibilidad de que las naciones perjudicadas por los efectos de la crisis climática tengan derecho a indemnizaciones. La solicitud de opinión fue presentada por Colombia y Chile, buscando esclarecer las obligaciones de los Estados frente a la emergencia ambiental. La Corte fue enfática al señalar que estas obligaciones no se limitan a tratados ambientales, sino que se extienden a los derechos humanos, la equidad intergeneracional y la justicia climática. Además, reconoció que los impactos de la crisis son desproporcionados, afectando en mayor medida a mujeres, niñas y comunidades vulnerables como los pueblos indígenas y afrodescendientes, por lo que cualquier respuesta debe tener una perspectiva de género e interseccional. El pronunciamiento refuerza la responsabilidad de los países industrializados, históricamente los mayores emisores, y podría influir en futuras negociaciones climáticas, como la COP30.

Para juristas y activistas, este dictamen es una herramienta poderosa que convierte la justicia climática de una exigencia ética a un mandato legal.

ai briefingEn resumen
El fallo de la CIJ transforma la lucha climática de un asunto político a una obligación legal internacional, estableciendo que la inacción puede constituir un "acto ilícito" y sentando las bases para una nueva era de justicia climática con consecuencias jurídicas para los Estados.

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