En una decisión unánime, el máximo tribunal de la ONU afirmó que los países que incumplen sus compromisos para proteger el planeta del cambio climático podrían estar infringiendo el derecho internacional, lo que constituye un "acto internacionalmente ilícito". Esto abre la posibilidad de que las naciones perjudicadas por los efectos de la crisis climática tengan derecho a indemnizaciones. La solicitud de opinión fue presentada por Colombia y Chile, buscando esclarecer las obligaciones de los Estados frente a la emergencia ambiental. La Corte fue enfática al señalar que estas obligaciones no se limitan a tratados ambientales, sino que se extienden a los derechos humanos, la equidad intergeneracional y la justicia climática. Además, reconoció que los impactos de la crisis son desproporcionados, afectando en mayor medida a mujeres, niñas y comunidades vulnerables como los pueblos indígenas y afrodescendientes, por lo que cualquier respuesta debe tener una perspectiva de género e interseccional. El pronunciamiento refuerza la responsabilidad de los países industrializados, históricamente los mayores emisores, y podría influir en futuras negociaciones climáticas, como la COP30.
Para juristas y activistas, este dictamen es una herramienta poderosa que convierte la justicia climática de una exigencia ética a un mandato legal.