La situación de la comunidad indígena Emberá asentada en el Parque Nacional de Bogotá ha escalado a una crisis de salud pública y derechos humanos, evidenciada por recientes eventos que involucraron a menores de edad en estado de alicoramiento. Este escenario pone de manifiesto los complejos desafíos sociales y sanitarios que enfrentan las poblaciones desplazadas en entornos urbanos y la necesidad de intervenciones institucionales más efectivas. Durante una celebración de la comunidad el fin de semana, equipos de la Secretaría de Integración Social y el ICBF encontraron a varios menores consumiendo alcohol sin supervisión adulta, en un entorno de alto riesgo con riñas y presencia de residuos peligrosos. Juliana Sánchez, subsecretaria de Integración Social, confirmó que se solicitó apoyo al ICBF y a la Policía de Infancia para realizar verificaciones de derechos, logrando el restablecimiento de derechos para siete niños, uno de los cuales fue hospitalizado por embriaguez. Sin embargo, los intentos de trasladar a otros menores a centros de protección fueron obstruidos por líderes comunitarios.
La situación se agravó cuando miembros de la comunidad bloquearon la Carrera Séptima, provocando un accidente vial en el que falleció un motociclista. La Alcaldía ha radicado 12 denuncias ante la Fiscalía por maltrato, negligencia y uso de menores, y ha reiterado que el Parque Nacional no es un territorio con jurisdicción indígena, subrayando el deber de corresponsabilidad en la protección de la infancia.
En resumenLa crisis en el Parque Nacional con la comunidad Emberá evidencia una grave problemática de salud pública y vulneración de los derechos de los niños. La situación exige un enfoque integral que combine la asistencia social con la aplicación de la ley para garantizar la protección de los menores y resolver el conflicto de fondo sobre el asentamiento.