El documento, revelado esta semana, establece la designación de puntos focales y la creación de un equipo de trabajo bilateral para dar seguimiento a las iniciativas. Aunque el texto aclara que no crea obligaciones vinculantes bajo el derecho internacional o nacional y no limita las decisiones soberanas de cada país, ha generado una fuerte controversia política en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe calificó la iniciativa como un avance hacia “una Cuba grande” y una entrega de la soberanía al “dominio del terrorismo y el narcotráfico protegidos por la dictadura de Maduro”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió el acuerdo, asegurando que busca reconstruir las relaciones entre los pueblos, las cuales, según él, fueron rotas por gobiernos anteriores, permitiendo que las mafias dominaran los territorios. El acuerdo también contempla la posibilidad de ampliar la zona a otros departamentos fronterizos como Arauca, Guainía y Vichada. La iniciativa surge en un contexto de complejas dinámicas de seguridad en la frontera, con la presencia de grupos armados como el ELN, lo que alimenta el debate sobre los verdaderos beneficiarios y los riesgos para la soberanía y el control estatal en la región.